Nos quedamos porque no teníamos a dónde ir.
Incluso a los diez años, entendí la terrible verdad del por qué seguíamos viviendo en la casa del abusador de mi madre. Hoy en día soy organizadora de vivienda y no se me olvida el vínculo cruel entre la inseguridad inmobiliaria y la violencia doméstica.
La inseguridad inmobiliaria no era algo nuevo para nuestra familia. Mi primer hogar fue una casa móvil en una ciudad turística muy exclusiva de Colorado, donde mi papá cocinaba y mi mamá limpiaba condominios mientras trabajaba en la guardería de mi hermano y yo para reducir el costo de la matrícula. Mis padres eran sólo dos de las millones de personas que sostienen las industrias turísticas en todo Estados Unidos, pero que no pueden permitirse el lujo de vivir en ningún lugar remotamente cerca de la lujosa segunda o tercera casa de vacaciones en la que trabajan.
Mi mamá nos trajo a mi hermano y a mí a Minnesota cuando yo tenía dos años, y nos quedamos en casa de mi tía durante seis meses hasta que pudimos obtener un cupón de la Sección 8 y cupones de alimentos. Nos mudamos a un apartamento y, aunque no teníamos mucho, recuerdo una crianza alegre y amorosa.
Después del nacimiento de mi hermana, mi mamá comenzó una relación con el hombre que se convertiría en su abusador. Los años que pasamos sobreviviendo su abuso se debieron, al menos en parte, a la seguridad inmobiliaria que proporcionó a nuestra familia y al techo que él mantenía sobre nuestras cabezas.
La inseguridad inmobiliaria alimenta el abuso
Octubre es el mes de concientización sobre la violencia doméstica, pero durante todo el año los problemas de inseguridad inmobiliaria y violencia doméstica van de la mano. Las personas pueden conseguir o permanecer en una vivienda con una pareja abusiva porque no pueden permitirse el lujo de ir a otro lugar. Los sobrevivientes pueden ser desalojados, por ejemplo, debido a los constantes gritos o ruidos fuertes de su abusador.
Una vez desalojados, resulta más difícil conseguir vivienda. De hecho, solo hace falta que el propietario presente una demanda de desalojo en su contra (incluso si la situación se resuelve y en realidad no lo desalojan) para que aparezca en su registro e historial de crédito por hasta 10 años.
Cuando las mujeres denuncian abusos o la policía llega al lugar de un incidente de violencia doméstica, los sobrevivientes tienen el potencial de sufrir un “doble arresto” o ser acusadas y condenadas por un delito bajo coacción. Esta criminalización crea aún más barreras para conseguir un trabajo, un hogar o incluso conservar la custodia de su hijo. Se convierte en un ciclo interminable.
De hecho, el Instituto Vera reporta que “casi el 60 por ciento de las personas previamente encarceladas que viven en la calle debido a barreras para acceder a una vivienda son arrestadas nuevamente dentro del primer año después de ser liberadas”. Este tipo de experiencias suman una carga tras otra para una persona ya traumatizada, creando un pozo del que es difícil salir.
Incluso después de que mis hermanos, mi mamá y yo huimos de ese hogar abusivo, los valiosos recursos que necesitábamos para pagar el alquiler y la guardería se destinaron a solicitar una orden de protección [orden de restricción], obtener nuevos números de teléfono y mudarnos. Una de las únicas cosas que nos mantuvo a flote fue un programa ganado con el esfuerzo de organizadores de vivienda en las Ciudades Gemelas [Minneapolis–Saint Paul] que permitía que cualquier reducción en nuestros derechos de seguro social se utilizara para el pago inicial de una casa.
Los sobrevivientes de color enfrentan aún más barreras
Estudios muestran que las mujeres (especialmente las mujeres negras, latinas e indígenas) y las personas LGBTQ se ven afectadas de manera desproporcionada debido a las continuas desigualdades sistémicas que las atrapan en situaciones de abuso.
He visto estas disparidades raciales en mi experiencia como organizadora comunitaria. Cuando organicé en Carolina del Sur en 2018, mi comunidad vio más de 55 desalojos presentados todos los días, y un juez de un tribunal municipal confirmó que más del 90 por ciento de los desalojos que le precedieron fueron de mujeres negras, la mayoría de las veces con niños.
La vivienda segura y estable es una columna necesaria en toda comunidad y, sin ella, mucho más comienza a desmoronarse. Los niños se quedan atrás en la escuela, es más difícil conseguir empleo y la pobreza se extiende a la siguiente generación.
Tanto la inseguridad inmobiliaria como la discriminación se profundizaron durante la pandemia, y algunos propietarios corporativos, como se detalla en este informe de NPR, presentaron desalojos contra inquilinos negros cuatro veces más a menudo que contra inquilinos blancos por atrasos en el pago del alquiler. Y un informe reciente de la Universidad de Minnesota encontró que las mudanzas forzadas por propietarios tenían 1.2 veces más probabilidades de reportar violencia de pareja 6 meses después.
Las organizaciones de de base comunitarias están ganando soluciones de vivienda
Reconocer la relación entre la inseguridad inmobiliaria y la violencia doméstica nos guiará a las soluciones para abordar estos problemas simultáneamente. En otras palabras, no podemos esperar prevenir la violencia si no abordamos nuestra crisis de vivienda.
Centrándose en la justicia racial y de género, las organizaciones que crean poder en todo el país están liderando el camino en este trabajo para lograr más viviendas seguras y asequibles para nuestras comunidades.
Necesitamos viviendas más asequibles para quienes tienen ingresos más bajos y se ha demostrado que los Fondos Fiduciarios de Vivienda, (HTF por sus siglas en inglés) hacen precisamente eso. Existen más de 800 HTF en todo Estados Unidos y solo en 2021, Community Change apoyó a organizaciones de base comunitaria para promover fondos fiduciarios de vivienda locales en 27 jurisdicciones en 20 estados. Nuestros aliados, en lugares como Savannah, Knoxville, Kansas City y Cincinnati, obtuvieron casi $66 millones en 10 jurisdicciones, incluidas 5 jurisdicciones que establecieron nuevos HTF.
También necesitamos derechos de inquilinos y protecciones para inquilinos más sólidos y amplios, como los desarrollados por KC Tenants.
La representación legal garantizada en el caso de procedimientos de desalojo es clave. En el estado de Washington, Resident Action Project (RAP), junto con la Washington Low Income Housing Alliance, defendió con éxito la aprobación de leyes que otorgan el derecho a un abogado en los tribunales de desalojo, siendo el primer estado en hacerlo.
Medidas significativas de estabilización de alquileres, como la política aprobada en St. Paul, Minnesota, después de una exitosa campaña encabezada por Housing Equity Now St. Paul (HENS), también pueden ayudar a evitar que las familias queden atrapadas en situaciones abusivas.
Este mundo a menudo parece desesperado, pero cuando construimos el poder del pueblo y luchamos por nuestras comunidades, ganamos. Al igual que el agua para beber y el aire para respirar, un lugar seguro al que llamar hogar es una necesidad básica humana.
En honor al mes de concientización sobre la violencia doméstica, y por cada persona afectada por la violencia, sigamos luchando por cambios sistémicos que puedan prevenir situaciones de abuso como la que enfrenté cuando era niña.